La justicia absuelve a los sindicalistas del SAT que expropiaron material escolar en 2013

Sentencia absolutoria a los 10 sindicalistas que participaron en la expropiación simbólica de material escolar que se produjo en agosto de 2013 en Dos Hermanas.

Así lo ha resuelto el fallo de la sentencia que pronuncia que «debo absolver y absuelvo a todos del delito de hurto de lo que eran acusados por el Ministerio Fiscal».

Tras el juicio celebrado, ocho años después, todas las personas imputadas, sindicalistas del SAT en su totalidad, han sido absueltas. Aunque la policía llegó a identificar a 34 sindicalistas, según fuentes de la Delegación del Gobierno de entonces, sólo diez fueron juzgados, concretamente ocho hombres y dos mujeres.

La acción desarrollada por el SAT tuvo lugar inmediatamente después de la expropiación realizada en Écija sobre un Mercadona donde se sacaron carritos de comida que fueron entregados a las familias de la Corrala Utopía en Sevilla.

En esta ocasión, el material expropiado se compuso de lápices, gomas de borrar, cuadernos, rotuladores y mochilas. Los artículos fueron entregados una semana después también a las familias necesitadas de la misma ocupación, La Corrala Utopía, con asistencia de la prensa que atestiguó la entrega del material.

La acción se desarrolló de forma absolutamente transparente. Cerca de 200 personas participaron a cara descubierta y con la prensa delante que fue convocada a tal efecto. Se sacaron 10 carros llenos de material escolar al grito de «¡Viva la educación pública y gratuita!».

Con esta acción se pretendía volver a manifestar la necesidad de la situación de miles de familias andaluzas en paro, que no recibían ayudas y que se encontraban ante la situación de no poder costear la vuelta al colegio que sumaba, entonces, como media entre 100 y 150 euros.

Es necesario hacer constar que los participantes abandonaron el recinto antes de que llegara la policía. Sin embargo, el entonces portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, se quedó allí hasta que llegó la policía para dar cuenta de la acción, porque siempre entendimos que no era ningún robo sino una acción reivindicativa simbólica de la que no nos íbamos a ocultar.

Diego Cañamero, en nombre del SAT, le propuso a la dirección del supermercado que donara ese material y no interpusiera ninguna denuncia. Y así fue. Carrefour nunca denunció los hechos, actuando la fiscalía de oficio.

De aquella manera, el SAT denunció la situación de pobreza que vivían dos millones de andaluces y, concretamente, la de las 400.000 familias que no recibían ningún tipo de ayuda ni prestación.

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