Nuevo desalojo de la finca de Somonte por la Junta de Andalucía

Artículo de Nuria Álvarez

Antiguamente los campesinos temían que la sequía o el granizo les arruinaran la cosecha. Hoy algunos lo que más temen es a la Junta de Andalucía. Una denuncia de la Consejería de Agricultura de la Junta envió ayer a la Guardia Civil a desalojar de nuevo la finca ocupada de Somonte, en Palma del Río (Córdoba), que da trabajo a varias decenas de personas.

Poco antes de las diez de la mañana cuatro patrulleras de la Guardia Civil cortaron los accesos a la finca. El desalojo se produjo pacíficamente. Se trata del segundo en menos de un mes; ya el 2 de junio un masivo despliegue policial desalojó a los jornaleros que llevaban cuatro años cultivándola. La orden de desalojo había sido emitida dos años antes, pero el delegado de gobierno la hizo efectiva al día siguiente de conocerse la imputación de Griñán y Chaves por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. También coincidió con la huelga de hambre de diecisiete sindicalistas del SAT en Madrid pidiendo la liberación de Andrés Bódalo. El 5 de junio los miembros del SAT la reocuparon y han seguido cultivándola.

La finca de Somonte, perteneciente a la Junta de Andalucía, se encontraba abandonada y en proceso de venta en subasta cuando se produjo su primera ocupación por jornaleros del SAT en 2012. A lo largo de cuatro años, la inversión de unos 70.000 euros y muchas horas de trabajo han convertido aquella finca abandonada en 400 hectáreas de cultivos de trigo, avena, habas, girasol y colza. También se han empleado en la creación de un huerto, un gallinero, compra de maquinaria, mejoras de las instalaciones de riego y reparación de caminos y edificaciones. Durante este tiempo la Junta de Andalucía ha cobrado casi medio millón de euros de la Política Agraria Común por la finca de Somonte, que según Cañamero se podrían haber empleado en contratar más empleados en la finca con buenas condiciones laborales.

Desempleo masivo y concentración de la propiedad de la tierra

La reforma agraria fue una bandera de movimientos sociales y políticos tras el fin del Franquismo. En 1985 la Junta de Andalucía comenzó tímidamente la expropiación de fincas para su uso público, una política que iba a abandonar gradualmente pocos años después. En 2011 las ideas del PSOE acerca de la distribución de la tierra ya habían cambiado bastante, y la Junta de Andalucía empezó a vender en subasta parte de sus 20.000 hectáreas de tierra pública. Por este procedimiento algunas de las tierras de la reforma agraria han vuelto a ser propiedad de terratenientes y han podido ser dedicadas a cultivos de biodiésel o experimentación con transgénicos, o simplemente han servido para percibir las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

La Junta de Andalucía subastó la finca de Somonte en 2011 por 1,5 millones de euros, pero no encontró comprador. La ocupación evitó que se malvendiera en una nueva subasta. Frente a la concentración de la propiedad agraria en manos de terratenientes, el Sindicato Andaluz de Trabajadores reclama una reforma agraria que incluya un banco público de tierras para los desempleados y una mejora de las condiciones laborales . Actualmente Andalucía es la comunidad autónoma con más paro, con un 31,54% de desempleo en 2015 . La situación en el campo andaluz es aún más difícil, con unas 500.000 personas subsistiendo a base de peonadas que dependen de la buena voluntad de los caciques locales y que permiten acceder al magro subsidio del PER . Mientras tanto ” más del 50% de la tierra cultivable sigue en manos del 2% de los propietarios”, señala el portavoz del SAT Oscar Reina. Y añade: “las tierras tienen que cumplir una función social”, no sólo para su explotación agrícola sino también para un futuro desarrollo que evite que la juventud andaluza tenga que emigrar.

Las consecuencias de la Ley Mordaza

Un ambiente de indignación se respira hoy entre los sindicalistas del SAT. Hasta la aprobación de la Ley Mordaza cada reocupación daba lugar a un nuevo proceso judicial en el que se tenía que identificar a las personas que habían entrado, y el desalojo podía demorarse años. Con la Ley Mordaza una nueva orden de desalojo no requiere la apertura de un nuevo procedimiento, por lo que la nueva orden ha llegado apenas dos semanas y media después del último desalojo. Las penas también han aumentado. Ayer la Guardia Civil identificó a todas las personas que se hallaban en la finca y las amenazó con enviarles a prisión si vuelven a entrar. La ocupación y las sucesivas reocupaciones de Somonte por el SAT han supuesto ya cargos judiciales para unos 50 jornaleros y jornaleras, aunque aún no hay ninguna sentencia.

Más de cien hectáreas de girasoles plantados en la finca esperan para ser cosechados este verano. Si el gobierno de la Junta de Andalucía consigue salirse con la suya, toda esa cosecha se pudrirá en el suelo. Abandonada, desperdiciada. Quizá como metáfora del abandono y la injusticia sembrados en el campo andaluz por más de treinta años de gobiernos “democráticos” que han prolongado una tradición de prácticas clientelares y caciquismo.

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