Solidaridad con los 10 de Puerto Real

El próximo 25 de septiembre se va a juzgar a 10 trabajadores de Puerto Real por los sucesos acaecidos el pasado 12 de Diciembre de 2013 en el puente de Carranza, en Cádiz. A las 10 de la mañana, el Juzgado de los Penal Nº 4 de Cádiz (Avda. Juan Carlos I, en el edificio del Estadio Carranza, en frente de la estación de Renfe) pondrá en el banquillo a diez jóvenes cuyo único crimen ha sido participar en una movilización por el empleo.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos dos años y nueve meses de prisión por dos delitos, uno de desórdenes públicos y otro de daños. Aparte una multa de 18 meses a seis euros diarios, es decir, 3.240 € cada uno, un total, por tanto, de 32.400 € de multa colectiva, con consecuencias legales si no se llegara a pagar. Además, el Ministerio Fiscal solicita una indemnización para el Estado por valor 1874,10 € por los supuestos daños causados. Con estas peticiones encima de la mesa los diez jóvenes de Puerto real irían a la cárcel y es nuestra obligación evitarlo.

La petición de condena de la Fiscalía resulta totalmente desproporcionada en relación con la realidad de los hechos ocurridos. En lo que se refiere a los supuestos desórdenes públicos es necesario reseñar que ninguno de los acusados participaron en el corte de la vía, hecho cuya corta duración apenas alteró mínimamente la circulación vial. Por otro lado, la mínima cuantía de los daños ocasionados en el puente tampoco justifica tales peticiones.

En realidad, estas peticiones de la Fiscalía sólo buscan ejemplarizar y dar un escarmiento en la Bahía de Cádiz usando el viejo método de la represión como dique de contención de nuevas luchas y movilizaciones que en buena lógica puedan llegar a producirse. El hecho de que ocho de los diez acusados de entre 23 y 30 años fueran encarcelados preventivamente lo demuestra sobradamente. Estamos ante un nuevo envite del régimen en su deriva cada vez más totalitaria y represiva, buscando una vez más la criminalización de las luchas sociales.

La petición de condena desproporcionada castiga desmesuradamente a 10 jóvenes trabajadores de Puerto Real, que protestaban por el mal trato que el Gobierno del PP viene dando a las necesidades y derechos laborales de los trabajadores de Navantia, con la amenaza de cierre de la factoría, la negligente y pasiva actitud del Gobierno para conseguir contrataciones de obra y la consiguiente privación de cientos de empleos, en una ciudad cuya vida económica y social gira en un 80% de la actividad de Astilleros, ahora Navantia.

Esta petición de prisión expresa la política de escarmiento que viene desarrollando el Gobierno del PP para silenciar y reprimir las luchas sociales. Cuando alguna gente muy sobrada afirma que la lucha de clases dejó de existir es porque seguramente miran hacia otra parte ante la cantidad de juicios a los que están sometidos cada día cientos de trabajadores y trabajadoras que se enfrentan a los actos represivos de este régimen. Claro que la lucha de clases existe y una prueba evidente es el juicio que se va a celebrar y por ello llamamos a concentrarnos en las puertas de los juzgados a partir de las 9,30 de la mañana no sólo para que estos compañeros sientan el aliento, el abrazo, la solidaridad de su clase y del pueblo andaluz, sino también para una vez más reclamar justicia frente a la injusta represión que atenta contra nuestros derechos sociales y políticos.

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